Como continuación a nuestro
compromiso de manteneros informados de todos los sucesos que pueden ser
considerados de relevancia en la marcha de las cooperativas os
comunicamos que el pasado 11 de Junio de 2012 fue admitida a tramite una querella criminal contra los miembros del consejo rector de Getafe Capital del Sur SCM,
señores Ricardo Vazquez Martinez, Óscar Molero Vaquero, Ignacio Lopez
García, Carlos de la Torre Olegario y Juan Sanchez Rojas, así como el asesor contable de la cooperativa y actualmente liquidador de la misma D. Alberto Rogero Ortega, por los presuntos delitos de Falsificacion de Cuentas, Administracion Desleal y Falsificacion de Documento Mercantil. De dicha querella se está entendiendo el Juzgado de Instrucción nº 5 de Getafe y los querellados han sido citados a declarar en calidad de IMPUTADOS el próximo 9 de Octubre de 2012.
Dicha querella fue interpuesta por varios miembros y simpatizantes del GiC y tiene su principal fundamento en la posible alteración contable realizada por los imputados
con respecto a incluir dentro del patrimonio de la cooperativa una
partida de unos dos millones de euros por el valor de la parcela de
OBRUM cuando sabían desde mayo del 2009 que el Consorcio Urbanístico había DENEGADO la autorización para traspasar esa finca a favor de la cooperativa
En el desarrollo de los hechos cronológicos en que se basa esta QUERELLA CRIMINAL se viene a argumentar que la
dejadez de los Consejo Rector ha producido una perdida patrimonial a la
cooperativa cercana a los dos millones de euros y que, posteriormente,
han pretendido ocultárselo a los cooperativistas mediante la presunta
alteración contable de las cuentas de la cooperativa. ¿Por qué?
Porque todo el trabajo duro hecho para conseguir que la parcela asiganda
a Obrum la cual habíamos pagado casi en su totalidad a dicha
constructorano ha servido para nada, pues en el momento de presentar la querella todavia estaba
escriturada a nombre del Consorcio. Es decir que han tenido desde
febrero de 2009 hasta mayo de 2012 para que el Consorcio le autorizase
el traspaso de dicha parcela de Obrum a Capital del Sur. Y no sólo se
trata de que no lo han conseguido, si no que además este dato está
siendo ocultado a los cooperativistas de forma intencionada.
Así pues, los miembros del Consejo Rector de Capital del Sur y
su asesor contable habrían ocultado que el Consorcio les denegó la
transmisión de la parcela allá por mayo de 2009. Y sin embargo,
en las diferentes memorias de cuentas de años sucesivos siguen
contabilizándola como si fuera un activo de la cooperativa. Es decir,
que consideran que la parcela de Obrum es de Capital del Sur, cuando
realmente no es así, porque ni en el Consorcio se lo ha autorizado ni en el registro de la propiedad afirma que la parcela sea la cooperativa. Disponemos de documentos que incluso prueban que todos estos hechos les fueron ocultados a los auditores de las cuentas,
quienes al ser informados por nosotros sobre tal asunto han manifestado
que de haberlo sabido hubiesen dado una opinión desfavorable a las
cuentas presentadas.
¿Que pretendían con esto? ¿Porqué se han falseado presuntamente las cuentas?. ¿Y que consiguen falseándolas? Según nuestra
opinión, de esta forma se conseguían varias cosas: en primer lugar esconder la dejadez o negligencia que supone el haber dejado perder esos dos millones de euros sin haber tomado las medidas que, como responsables, debían haber hecho. En segundo lugar ,que los socios aprobasen la liquidación pensando que había mucho dinero para repartir. Y en tercer lugar, que al
ser ellos mismos los que liquidan la cooperativa, nadie dentro de los
organos de las mismas les puedan fiscalizar y pedir responsabilidad
alguna por esa pérdida. Es decir, nada de esto se hubiese descubierto
de no haber sido por la presentación de esta querella que tiene como
principal finalidad la de esclarecer este oscuro episodio de la historia
de nuestra cooperativa y que pone de manifiesto que no sólo
podemos haber sido víctimas de las presuntas actuaciones delictivas de
David Moreno Pingaron sino que hay más personas que aprovechando su
cargo en las cooperativas nos han ocasionados con su proceder serios
perjuicios también irreparables. A fin de cuentas, de lo que se
trataba es que una vez que esté todo ya liquidado y nosotros con algo
dinero fresco resultante de la liquidación o de la baja, nos olvidáramos
del tema y a vivir la vida, que por lo menos algo hemos sacado.
Pues no, eso no va a ocurrir.
Desde el GiC, hemos
trabajado y trabajamos por que todo aquel que haya contribuido a
esquilmarnos dinero pague por lo que ha hecho. Así lo hicimos
con PSG y David Moreno Pingarrón y así lo hacemos ahora contra aquellos
miembros del Consejo Rector de Capital del Sur implicados en estos
sucesos, su asesor contable y cualquier otra persona que pueda aparecer
directamente implicada en estos hechos, y que así se averigüe en el
transcurso de las investigaciones que se van a producir por parte del
juzgado. En este caso se da el agravante de que los imputados son socios que han perdido su dinero al igual que nosotros.
Os informamos además que una querella criminal con los mismos
planteamientos se ha interpuesto también contra algunos miembros del
Consejo Rector de Getafe Cuna de la Aviación Española y su asesor
contable (hoy liquidador), la cual fue inadmitida inicialmente y que
dicha inadmisión se encuentra en estos momentos recurrido en la
Audiencia Provincial de Madrid.
Sabiendo que se ha convocado a los cooperativistas a la próxima asamblea general el 30 de junio de 2012,
quizás sea el momento de que se les pregunte a los liquidadores sobre
estos hechos, aunque ya sabemos cual va a ser la respuesta: que lo han
hecho todo conforme a la legalidad (de que nos sonará esto...) y que
esto es una meada fuera de tiesto del GiC, con sus consiguientes
descalificaciones personales.
Por nuestra parte volvemos a insistir en la conveniencia de que los liquidadores sean profesionales externos ajenos a las cooperativas, tal y como predicábamos en el caso de que se declarase el concurso, garantizando un procedimiento limpio y transparente. Nos
parece que las personas que se encuentran imputadas por estos hechos no
están legitimadas para ser liquidadores de las cooperativas y que, o
bien, debieran dimitir, o bien los propios cooperativistas debían
cesarlos fulminantemente en esa asamblea solicitando el nombramiento de
tres liquidadores judiciales, profesionales externos y dos interventores
cooperativistas que conociesen de todo el proceso y pudiesen emitir
informes para el resto de sus compañeros cooperativistas sobre la manera
y modo en que el proceso de liquidación de está realizando. Que dichos
liquidadores tuviesen además como misión la de investigar todos los
sucesos que envuelven el tema de OBRUM y de depurar responsabilidades en
el caso de que se acreditase un comportamiento delictivo, o, cuando
menos, negligente de todos los que hayan podido participar.
Así mismo, los liquidadores han decidido de forma unilateral el no auditar las cuentas siendo éste hecho de una ilegalidad
manifiesta pues los estatutos establecen que aunque se apruebe la
liquidación el resto de los acuerdos de la cooperativa deben seguir en
marcha y no ha sido aprobado en ningún momento que las cuentas de la cooperativa dejen de ser auditadas por lo que consideramos que este
gravísimo hecho también se hace para evitar que sean los propios
auditores los que puedan sacar a la luz en su informe estas
irregularidades y dejen de esta manera al descubierto los sucesos que se han denunciado.
