Sentencia del Tribunal Supremo

Finalizamos la semana con más buenas noticias, puesto que hemos tenido conocimiento de que ayer, el Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad que los cooperativistas de Jardines de Valdebebas, en Madrid, tienen que recuperar las aportaciones que hicieron en su día para la adquisición de una vivienda.

Nota de Prensa del Tribunal Supremo

Aún a la espera de que el Supremo emita la sentencia (que saldrá a partir de Septiembre) y con la prudencia que es menester tener, puesto que aún no hemos tenido acceso a la misma, la nota de prensa emitida por el Supremo nos hace pensar que dicha sentencia  tiene muchísima relevancia por ser un caso igual al nuestro, en el que la aseguradora se defendía arguyendo que el seguro que había contratado la cooperativa no era un seguro de la Ley 57/68, mientras que los demandantes defienden que si lo es y así el Tribunal Supremo les ha dado la razón. De momento, y hasta que los abogados puedan leer y estudiar la sentencia,  podemos decir que por lo manifestado en esa nota de prensa, lo argumentado por el Alto Tribunal sería de aplicación también a nuestros procedimientos beneficiando a los cooperativistas demandantes, tanto en los procedimientos en primera Instancia como en los Recursos de Apelación que se pudieren interponer.

Cabe reseñar que todas las demandas de ETNJ que se han presentado en representación vuestra se basan en el argumento que el Tribunal Supremo ha confirmado ahora: que el seguro que contrataron Getafe Capital del Sur y Cuna de la Aviación Española con HCC Europe es un seguro de la Ley 57/68 y tenemos conocimiento de que hay jueces que tenían paralizada la resolución de las demandas que tenían asignadas a la espera de que el Supremo se pronunciase al respecto. Por tanto, esperamos que en breve tiempo lleguen nuevas resoluciones favorables de nuestras procedimientos como las dos de las que ya os hemos informado.

Sin duda, el trabajo bien hecho y la amplia colaboración de tantos afectados y sus respectivos bufetes de abogados, han hecho posible que el Supremo tomase una decisión favorable a todos aquellos que, como nosotros, perdimos una vez la ilusión que ahora empezamos a recuperar.

Por contra, aquellos que en su momento decidieron demandar a HCC Europe con los abogados patrocinados tanto por los Consejos Rectores como por los Liquidadores de las cooperativas, José Martinez Martinezy su mujer Laura Iglesias Mañueco, lo tienen bastante más complicado, pues estos abogados siempre han mantenido que la póliza de Seguro NO es de la Ley 57/68, justo lo contrario que ha establecido el Tribunal Supremo. Y ello a pesar de que el resto de abogados en su totalidad, desde hace ya mucho tiempo venían manteniendo la tesis de que el seguro contratado era de la mencionada Ley. El comportamiento torticero de los Consejos Rectores y Liquidadores se alió con la bisoñez de los inocentes e incautos cooperativistas para tan funesto desenlace, puesto que una de las principales argumentaciones de los abogados Martínez e Iglesias en dicha demanda perdida es, como ya os hemos comentado, que precisamente el seguro de las cooperativas no es de la Ley 57/68, con el penoso resultado que ha tenido para los 452 socios que han demandando con él.

Una vez más, se demuestra la incompetencia total y absoluta de aquellos que sólo buscan el dinero fácil a costa de los estafados contra la eficacia y eficiencia de los buenos profesionales que defienden a sus representados con uñas y dientes y con pleno conocimiento de las materias que tratan.

En cualquier caso, la noticia del Supremo es una buenísima noticia para nosotros y que seguiremos con muchísimo interés hasta tener la sentencia en nuestros archivos.

Como os indicamos en nuestro ultimo comunicado, a la vuelta de las vacaciones, en Septiembre, abriremos el plazo para que todos aquellos que aun no hayáis demandado a HCC Europe, ya sean amigos, familiares, vecinos, etc... vuestros, lo puedan  hacer con los abogados del GiC.

¡ENHORABUENA!

SEGUNDA DEMANDA DE ETNJ GANADA!!

Nos es grato comunicaros que nos han notificado la resolución de otra de las demandas de ETNJ presentadas contra la aseguradora HCC Europe. El resultado es que ha sido estimada y se condena a la aseguradora a devolver a los cooperativistas demandantes las cuantías que aportaron a la cooperativa con los preceptivos intereses legales y con la explicita condena en costas a HCC Europe. Esta demanda fue la primera que se puso, a mediados de Octubre de 2012 y en poco más de 9 meses hemos tenido ya una resolución satisfactoria.

Esta es una gran noticia, no solo para los socios de esa demanda sino también para todos los demás que estamos inmersos en procedimientos similares, puesto que supone un precedente más a favor de los cooperativistas. Esperemos que contrarreste los resultados negativos de otras demandas con otros abogados y que se han perdido. 

Aunque aún queda la posibilidad de que HCC Europe recurra en apelación, es una gran noticia que nos llena de orgullo y satisfacción, una muestra más de que el trabajo bien hecho si que da sus frutos. 

Os adjuntamos una copia del auto, dada la gran relevancia de sus argumentaciones jurídicas, que no son sino una reproducción de las alegadas por nuestros abogados, dándose la circunstancia incluso de que el juez reproduce en el auto la jurisprudencia aportada por nuestra parte. 

Puesto que nos han realizado numerosas solicitudes después de la primera resolución favorable, os comunicamos que para después del verano abriremos un nuevo plazo para que todos aquellos afectados que estén interesados en demandar por esta vía lo puedan hacer con nuestros abogados.

Respuesta al último comunicado de los Liquidadores previo a la Asamblea de 2013

El pasado martes 3 de Junio de 2013 el GiC, a proposición de varios socios de las cooperativas que nada tienen que ver con nuestra asociación, salvo la relación de amistad que tienen con algunos de nuestros miembros, presentamos un escrito en las cooperativas en el que tendemos un puente a los Liquidadores para suspender la medida cautelar y no paralizar las liquidaciones parciales.

En ese escrito, como ya os colgamos en el anterior comunicado, solamente pedimos que se nos entreguen un plan de pagos completo, compuesto de:

• Saldos bancarios totales desglosados y con indicación de los respectivos cuantas bancarias.
• Provisiones realizadas, conforme exige la Ley, para pago de acreedores impagados o créditos no vencidos.
• Relación de todos y cada uno de los socios y exsocios a liquidar, identificados exclusivamente con su número de socio, con indicación de sus aportaciones realizadas, la liquidación que le correspondería percibir y la liquidación parcial que se le ofrece.

En una entidad en liquidación ésto es lo mínimo que se le tiene que ofrecer a sus socios, ya sean altas o bajas con posterioridad a la liquidación. Sobre todo a éstos últimos, puesto que desde que se ha solicitado esa baja, no han tenido ningún tipo de información ni saben cuanto tienen que cobrar ni por qué tienen que cobrar esa cantidad. Es algo puramente de lógica, aparte de conforme a la legalidad vigente. 

Como hemos mantenido siempre, desde el GiC no tenemos ninguna intención de perjudicar a los socios/exsocios de las cooperativas, por lo que, ante las quejas que nos presentaron, en un gesto de buena voluntad presentamos dicha solicitud en las oficinas de las Cooperativas.

¿De que ha servido que tendamos la mano?

Mentiras, insidias y manipulaciones de los Liquidadores que rayan lo absurdo:

http://capitalycuna.es/noticias.php

Pasamos a contestar los puntos más calientes de éste úlitmo comunicado:

1.- La escritura de cesión de derechos de Obrum a la Cooperativa (que no escritura de traspaso como dicen en el comunicado) fue, efectivamente, firmada por Jorge Uceda (presidente del GiC y ex-vicepresidente de Capital del Sur, posiblemente la única verdad que hay en todo el comunicado) con el consentimiento unánime de todo el Consejo Rector de la cooperativa. No nos olvidemos que las decisiones del Consejo Rector son COLEGIADAS, es decir, que la responsabilidad de una decisión es la misma para todos los miembros del CR, independientemente de que la firme uno u otro y además están puestas por escrito en un acta del CR. Pero es que además, la escritura tiene una condición suspensiva, que es que el Consorcio autorice el traspaso de dicha parcela: 

En Mayo de 2009 se solicitó el traspaso al Consorcio y éste lo denegó por no estar acreditando nada de lo que pedían (que raro, las cooperativas sin acreditar cosas...) Y los CR lo ocultaron. Como nos hemos enterado recientemente y os comunicamos, en 2010 el Consorcio traspasó la parcela a Obrum. Y los CR no solicitaron el traspaso. Han tenido TRES AÑOS para hacerlo y NO LO HAN HECHO. Además, una de los administradores judiciales de Obrum, llamada a declarar como testigo en la querella, ha declarado en sede judicial que la parcela B5 (la parcela de la discordia) permanece como un activo en las cuentas de Obrum desde el año 2010. Si está en las cuentas de Obrum NO PUEDE ESTAR en la de las Cooperativas. Es de cajón de madera de pino.

Y todo esto es culpa del GiC, ¿no? Ademas, la escritura se firmó en enero de 2009, Jorge Uceda se marchó en febrero de ese mismo año y las cuentas correspondientes a 2009 se firman a 30 de junio de 2010, así que los CR han tenido tiempo más que suficiente para, presuntamente, falsear esas cuentas. 

2.- Como ya hemos dicho, la literalidad de los estatutos establece un procedimiento para solicitar la baja de la cooperativa (art. 13 y 14 de los estatutos) y además la Ley de Cooperativas en su articulo 97 establece que durante el período de liquidación las cooperativas continuarán aplicándose a la Cooperativa las normas previstas en esta Ley que no sean incompatibles con las establecidas en esta Sección.  Continua regulando  aspectos como que los Consejos Rectores dejan de existir y se crean la figura de los Liquidadores, con unas limitaciones y unas responsabilidades. Pero no regula el procedimiento ni elimina la posibilidad de darse de baja. Luego entendemos que el procedimiento de baja es el mismo que para una cooperativa que no esta en liquidación.
Por otro lado, siguen sin decir el nombre del abogado con mas 25 años de experiencia (creemos que ese que ha hecho perder una demanda a 452 socios contra HCC Europe que nos puede perjudicar muchísimo a todos) y además ya os transcribimos que las opiniones del Registro de Cooperativas no son vinculantes.
Dicen los Liquidadores:

Además ¿por qué habla el GIC como si fueran socios cuando ya no lo son?

¿En que quedamos? ¿Somos socios o no lo somos? Si como afirman, no somos socios, es porque nos hemos dado de baja. Y si no somo socios, ¿por qué no nos han liquidado?

3.- Ni el GiC ni ninguno de sus miembros tienen ningún interés con Obrum como parece dar a entender ese comunicado. Dicen que el objeto de la querella interpuesta por el GIC sea precisamente que las parcelas no son de los cooperativistas, sino de Obrum. Y es que hasta el momento es así. Está escriturada a su nombre y las cooperativas no han solicitado su traspaso. 

Por otro lado, como ya hemos explicado en innumerables ocasiones, en una empresa en concurso de acreedores como es Obrum, todos aquellos que tienen deudas pendientes de cobro (en nuestro caso, los 4 millones de € de las parcelas que no nos han traspasado por la ineptitud de los CR/Liquidadores) tienen que indicarselo a los administradores concursales para que les tengan en cuenta a la hora de hacer el reparto de los bienes de Obrum. Y volvemos a decir: LAS COOPERATIVAS NO HAN COMUNICADO A LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES EL CREDITO PENDIENTE DE COBRO QUE TIENEN CON OBRUM.

Pero es que además, los Liquidadores pretenden demandar a Obrum por esa deuda. O es una maniobra para enfangar más el tema o tienen un desconocimiento total de la Ley Concursal. Dicha ley en su articulo 50 dice:

Artículo 50 Nuevos juicios declarativos

1. Los jueces del orden civil y del orden social ante quienes se interponga demanda de la que deba conocer el juez del concurso de conformidad con lo previsto en esta ley se abstendrán de conocer, previniendo a las partes que usen de su derecho ante el juez del concurso. De admitirse a trámite las demandas, se ordenará el archivo de todo lo actuado, careciendo de validez las actuaciones que se hayan practicado.

2. Los jueces de lo mercantil no admitirán a trámite las demandas que se presenten desde la declaración del concurso hasta su conclusión, en las que se ejerciten acciones de reclamación de obligaciones sociales contra los administradores de las sociedades de capital concursadas que hubieran incumplido los deberes impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución. De admitirse, será de aplicación lo dispuesto en el último inciso del apartado anterior.

3. Los jueces de primera instancia no admitirán a trámite las demandas que se presenten desde la declaración del concurso hasta su conclusión, en las que se ejercite la acción que se reconoce a los que pusieren su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente contra el dueño de la obra en los términos previstos en el artículo 1.597 del Código Civil. De admitirse, será de aplicación lo dispuesto en el último inciso del primer apartado de este artículo.

¿Esto que quiere decir? Que todas las demandas que se pongan a Obrum desde que se declaró en Concurso de Acreedores SE VAN A ARCHIVAR DE MANERA AUTOMATICA. Más dinero para el abogado que lleve una demanda que sabe que se va archivar y un lavado de cara a los liquidadores que se parten el pecho por sus socios. 

Dicen los liquidadores en su comunicado: 

Son cuatro millones de euros (de udes.) los que están en juego, y es precisamente el GIC quien dice que no son de udes. 

Y la frase esta incompleta, debería acabar así:

Son cuatro millones de euros (de udes.) los que están en juego, y es precisamente el GIC quien dice que no son de udes porque los CR y los Liquidadores no hemos hecho nuestro  trabajo y  por eso los hemos perdido.

 No es que queramos que Obrum gane 4 millones con la querella, es que los CR y los Liquidadores nos los han hecho perder por su inoperancia y están literalmente acojonados porque tanto los CR como los Liquidadores responden de sus actuaciones con SU PATRIMONIO PERSONAL. Y tienen muy dificil juntar tal cantidad de dinero.

Pero ademas, lo expuesto nos viene al pelo para el siguiente punto.

5.- Dicen los Liquidadores: 

De todos los ex socios liquidados, más de cien lo han sido a través de procedimientos judiciales. 

Hagamos unas cuentas rápidas: 

100 exsocios liquidados judicialmente x 2500 € que cobra José Martinez por procedimiento judicial = 250.000 € + 85.000 € de la querella contra PSG = 335.000 €. Más lo que ha a cobrado los socios individualmente por la demanda contra HCC Europe que ha perdido y con costas... ¿Quien se esta haciendo de oro con las cooperativas?

Al hilo del punto anterior, según el articulo de la Ley Concursal expuesto, esos 100 procedimientos se habrían archivado directamente si las cooperativas hubieran entrado en Concurso de Acreedores. 250.000€ que ahora estarían en los bolsillos de socios y exsocios. Más las costas de los juicios que han perdido las Cooperativas. Más los gastos de contable y asesor de 4 años que nos habríamos ahorrado. Más los gastos del personal de oficina de 4 años. Más los gastos de alquiler y enseres de la oficina de 4 años... Pero claro, un administrador judicial habria destapado los presuntos hechos delictivos de los CR que imputamos en nuestra querella contra ellos. Por eso no les interesó ni les interesa declarar el concurso.

6.- Dicen los Liquidadores: 

lo que no ocurre con los liquidadores, que no cobran nada por su función, como nunca cobraron como miembros de los Consejos Rectores.

Que sepamos, los liquidadores son algunos miembros del CR de la otra cooperativa junto con el asesor (Manuel Ruiz) y el contable (Alberto Rogero). Estos dos últimos cobraban bien antes de que las cooperativas entrasen en liquidación. No nos creemos que ahora, con el problema que supone liquidar unas entidades con tanta historia lo hagan gratis, por amor al arte. 

Después de todo lo descrito, los Liquidadores tratan de ocultar todos estos hechos usando la táctica del ventilador, poniendo un montón de mierda delante de éste y encendiéndolo para que se esparza y manche a todo el mundo. Frente a esto, están las actuaciones judiciales, en las que el Juzgado (y su fiscal) lleva más de un año investigando y encontrando pruebas de los delitos imputables a los CR y a los Liquidadores. 

Y aun así, en beneficio de todos los socios y exsocios seguimos manteniendo que nos presenten ese plan de pagos para retirar la medida cautelar de la prohibición de efectuar liquidaciones parciales o totales.. 

Los CR y los liquidadores no se lo merecen, pero Uds. si.

Se pueden reanudar las Liquidaciones si los Liquidadores cumplen

Desde el GiC queremos hacer una serie de reflexiones sobre los orígenes de nuestra asociación y sus objetivos:

1.- El GiC nació debido a las discrepancias que existían en los Consejos Rectores de las cooperativas respecto a la forma de llevar tanto las cooperativas como los diferentes procesos judiciales. Sobre todo, en la querella contra PSG y David Moreno Pingarrón, en la que teníamos muestras más que suficientes de que el letrado de las Cooperativas (Jose Martinez) no estaba haciendo su trabajo de forma correcta. La historia del desarrollo  de esa querella desde que el GiC se personó nos da la razón una y otra vez de manera constante. Parece que las practicas de fontanería legal que profesa Jose Martinez no dan su fruto, al menos en los juzgados de Getafe.

2.- El GiC es una asociacion independiente: de las cooperativas y de cualquier otra persona o entidad juridica que no sean exclusivamente sus socios y simpatizantes. Si debido a la defensa que el GiC hace de éstos, hay terceros que resultan beneficiados, bien por ellos. Hasta hace muy poco, todos nuestros logros (la imputacion de HCC Europe como responsable civil subsidiario o la obligación de que éstos presten una fianza real y absoluta, así como la imputación de los Consejos Rectores de la época PSG en la misma) han sido aplaudidos por todos los socios de las cooperativas (miembros del GiC o no). Pero no hay que olvidarse que el GiC se debe sólo a sus socios y simpatizantes. 

3.- Debido a la defensa que el GiC hace de sus socios y simpatizantes en todos los ámbitos, es motivo más que suficiente para que el GiC haya actuado a lo largo de su historia como entidad asociativa: 

  - Nos opusimos a la dación en pago a Catalunya Caixa, de los terrenos que teniamos hipotecados. En lugar de eso, promovimos el concurso de acreedores en las diferentes asambleas, con el resultado que ya conoceis.

  - Debido a la negativa ni tan siquiera de llevar a votación el concurso de acreedores como opción valida en las asambleas, lo instamos de forma judicial con un motivo muy real: creemos que los administradores judiciales son gente mucho mejor preparada para llevar unas cooperativas con una historia tan complicada como la nuestra y no un profesor de instituto, un jardinero o un sindicalista. Profesiones muy honradas, sin duda, pero no las mejores para esta empresa. Es una opción que ya contemplábamos cuando participábamos en los Consejos Rectores y que aun hoy seguimos haciendo. Algo de razón tendríamos cuando ninguno de los juzgados nos condenó a pagar las costas de los juicios.

  - Hemos instado sendas querellas contra los Consejos Rectores y actuales Liquidadores porque entendemos que no solo no han hecho correctamente su labor si no que nos han podido provocar pérdidas de 4 millones de €. Todos sabemos que  las cooperativas (aconsejadas por David Moreno) pagaron 4 millones de € a Obrum para que se presentase a los concursos de adjudicación, que tuvieron como resultado dos parcelas (una por cooperativa). Pero Obrum se declaró en concurso de acreedores antes siquiera de que el Consorcio les adjudicase las parcelas. El problema reside en que si a día de hoy las parcelas siguen a nombre del Consorcio, Obrum no puede cumplir con su parte del contrato, por lo que  debería devolver ese dinero que las cooperativas adelantaron en su momento. Pero como está en situación concursal, hay comunicar a los administradores concursales que la empresa tiene una deuda con las cooperativas, pero como hay alguien que no ha hecho bien su trabajo...   ¿Adivinan Uds. quien NO esta en esa lista? En el punto 9 aclararemos un poco más esta situación.

4.- Los Liquidadores se saltan a la torera tanto los estatutos de las cooperativas como la Ley que las rige en cuanto a la política de liquidación de aportaciones de los socios de baja. O estás de alta para todo o estás de baja para todo:

- Si estoy de alta, cobro la liquidación como cualquiera de los socios que no la han solicitado, participo de los gastos que se hayan producido y tengo poder de decisión en las asambleas.

- Si estoy de baja, no participo ni de los gastos (ni de los beneficios si los hubiera) que tenga la cooperativa y tampoco tengo po der de decision en la asamblea.

- Pero lo que no puedo es para lo malo si ser socio (que se me descuenten los gastos de mi liquidacion) pero para lo bueno no ser socio (participar en las asambleas). Máxime cuando ni siquiera se nos ha comunicado en base a que cálculos se nos va a efectuar la liquidación. ¿De verdad se creen los Liquidadores que tenemos que fiarnos de su buena fe?

En lo referente a las supuestas opiniones de expertos consultados, presumimos que el abogado en ejercicio  se refiere a José Martínez (quien está tan desprestigiado que ni siquiera se atreven a poner su nombre), y respecto de la asociación de cooperativas y el Sr. Encargado del Registro de Cooperativas, explicaremos en el punto 9 lo que hemos podido saber recientemente. 

Desde el GiC nos tememos que de efectuarse esa liquidacion, pretenderán despacharnos con 3.000 euritos, mientras el resto se queda pendiente y pasan los años y nos olvidamos de que existieron unas cooperativas y que habían ciertas cantidades pendientes de devolución... .

5.- No debemos olvidar que los Consejos Rectores/Liquidadores:

  - Han regalado nuestros terrenos a Catalunya Caixa (proponiéndolo en asamblea para cubrirse las espaldas)

  - Se oponen a que un experto judicialon minimo 5 años de experiencia en temas economicos guie las cooperativas.

  - Han  conseguido perder los terrenos de Obrum

  - Han perdido los 4 milllones de € que costaron esos terrenos

  - Han alterado, presuntamente,  las cuentas de las cooperativas , dando una imagen más solvente de la real.

  - Incumplen los Estatutos y la Ley de Cooperativas respecto de la liquidacion de sus exsocios.

Como culmen ¡quieren que su defensa en las querellas que se han interpuesto contra ellos por las presuntas irregularidades cometidas se las paguemos nosotros! Tened en cuenta que todos estos hechos nos perjudican a TODOS, socios y exsocios, y por ello tenemos que pedirles responsabilidades en el Juzgado, que es dónde se exponen los hechos y se demuestran con pruebas, no maldiciendo por los foros sin ningún tipo de acreditación.

Utilizando estrategias cuasifascistas, los liquidadores utilizan el miedo a no cobrar unas liquidaciones que todos estamos esperando como agua de mayo, para demonizar al GiC. Nosotros no somos los malos. Lee la lista de cosas que han hecho de forma incorrecta y os dareis cuenta de que lo que están promoviendo los Liquidadores con esa liquidacion parcial no es ni justo ni legal.

6.- Nos parece lamentable que el GiC, en su página web http://www.gicgetafe.com/ haya emitido más comunicados y haya suministrado más información a los cooperativistas que las cooperativas en su página. Solo tienen que analizar gracias a quien saben que la cooperativa ha perdido varias demandas contra cooperativistas que las demandaron y que debe pagar las costas de tales juicios perdidos. Informaron los liquidadores? NO, fue el GiC quien informó. Ello a pesar de que la pérdida de tales demandas supone a las cooperativistas perder parte de lo que le correspondería percibir como liquidación, porque de ese dinero hay que pagar no solo al abogado y procurador de las cooperativas sino también a los de la parte contraria que ganaron los juicios. 

¿Quien ha ido informado del estado y desarrollo de la querella contra el exgestor y PSG? El GiC. 

¿Quien ha informado de que la parcela de OBRUM no está en el patrimonio de la cooperativa, habiendo perdido tanto la parcela como el importe que se pagó por la compra de la misma? El GiC

¿Quien ha informado y explicado la procedencia, plazos etc. de la reclamación de la devolución del IVA? El GiC

¿Quien ha informado que según el informe de auditoría las cuentas de las cooperativas del ejercicio 2010 no son correctas? El GiC

Y suma y sigue.

7.- Estamos viviendo una etapa muy oscura en la que se nos niega cualquier información y en la que los Consejos Rectores y los Liquidadores, están acaparando cada vez más  poder a la par que evitando dar explicaciones de sus actos, cuando están jugando con todo nuestro dinero.

El GiC nunca ha ido en contra de los intereses de las cooperativas ni de los cooperativistas: nuestro  interés siempre ha sido denunciar a aquellos que se aprovechaban de su posición dominante para su propio beneficio, denunciar todos los hechos contrarios a las cooperativas y sus socios. Pero parece que nuestra labor no gusta en ciertas esferas, y así los representantes de las cooperativas se creen con la facultad de evitar darnos explicaciones acerca del destino y gestión de nuestro dinero e intereses,  sin que nadie tenga derecho a denunciar sus, presuntas, irregularidades. 

Hace mucho tiempo, como causa de nuestro nacimiento, denunciamos que la querella estaba a punto de ser archivada y conseguimos reactivarla gracias a nuestros abogados y el apoyo incondicional  de nuestros socios y simpatizantes. Más tarde denunciamos que era mejor contratar  profesionales judiciales al frente de las cooperativas, luego denunciamos que se estaba pagando más dinero a los socios de baja del que percibirían  los de alta, y , por último, hemos denunciado que, presuntamente, se está alterando la contabilidad de la cooperativa con los perjuicios que ello conlleva a los cooperativistas y con las posibles responsabilidades penales de las personas que lo están llevando a cabo. 

8.- Desde el GiC nos hacemos las siguientes preguntas:

¿A quién hubiese beneficiado que la querella contra David Moreno y PSG se hubiese archivado?

¿A quién hubiese perjudicado que se hubiesen nombrado administradores judiciales para liquidar legalmente las cooperativas?

¿A quién perjudicaba que se estuviesen pagando siete y ocho mil  euros a los socios de baja en contra de los tres mil que ahora ofrecen como pago a cuenta, cuando ya sabemos que no quedará mucho más?

¿Acaso las demandas que ha puesto el GiC contra HCC Europe perjudican al resto de cooperativistas?

¿A quién perjudicará que un Juez dictamine que determinadas personas han falseado las cuentas de las cooperativas?

¿A quién perjudican las acciones del GiC, a los cooperativistas o a aquellos que tienen en su manos  la administración del dinero de los cooperativistas?

¿A quien perjudica la querella contra los miembros del Consejo Rector y los liquidadores: a los cooperativistas o a esos miembros de los consejos rectores y a los propios liquidadores?

¿A quien van a beneficiar los múltiples juicios que pretenden iniciar los liquidadores, a los cooperativistas o a los abogados contratados y pagados con dinero de los cooperativistas?

¿A quien va a beneficiar si se autoriza a los liquidadores vender los terrenos de las cooperativas sin ningún tipo de control ni supervisión de nadie? ¿Quién controlará el cuánto, el cómo y el cuándo?

¿A quien beneficia que no se celebren más asambleas en las que dar la cara y explicaciones de lo que se ha hecho con el dinero de los cooperativistas?

9.- Hechos recientes:

a) Como recordaréis las cooperativas colgaron un comunicado en el que con respecto al tema de tratar a los de baja igual que a  los socios de alta se decía que tras "solicitar la opinión y dictamen de la Autoridad Administrativa competente en la materia..." 

Posteriormente en el último comunicado confirman que esa supuesta Autoridad competente en la materia es el Registro de Cooperativas. Pues bien, hemos pedido explicaciones al Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid y  nos ha respondido, muy amablemente, el  Sr. encargado adjunto de tal Registro, al encontrase el encargado de vacaciones comentando lo siguiente:

"En principio, no es competencia del registro el asesoramiento, aunque sí puede emitir dictámenes, con carácter no vinculante, sobre la legalidad de los estatutos que se proyectan inscribir. Quizá por extensión de dicha competencia y por la complejidad de la materia que supone la legislación sobre cooperativas, se suelen hacer consultas de todo tipo y, en la medida que el registro pueda informar al respecto, da su opinión de forma verbal o por correo electrónico que, en todo caso, no tiene carácter vinculante.
Lamento no poder darle otra información, puesto que sólo la conoce con precisión el propio encargado que, como le digo, esta de vacaciones. "

Así pues, se desmonta otra falsedad a las que nos tienen acostumbrados los representantes legales de las cooperativas,  pues la supuesta Autoridad Competente  nos confirma que no sólo no es competente sobre el tema sino que su opinión no es vinculante.

Por otro lado, la Confederación de Cooperativas de Viviendas es una ASOCIACION PRIVADA al servicio de las cooperativas y que se nutre de las cuotas de sus afiliados, entre ellas Getafe Capital y Getafe Cuna , por lo que su opinión es absolutamente parcial e interesada. 

Por todo ello, es más que evidente que se pretende dar una apariencia de legalidad a lo que pretenden hacer arropándose en presuntos informes y dictámenes (que nunca hasta la fecha han hecho públicos ni mostrado a nadie) que carecen de carácter vinculante, vendiendo una propuesta de liquidación de dudosa legalidad y pretendiendo que sea la asamblea la que ratifique sus planes con el engaño de hacer creer que lo que están haciendo goza de la legalidad necesaria. 

Los liquidadores tiene la capacidad legal para actuar y tomar sus propias decisiones y si se equivocan deben ser ellos los que asuman sus propias decisiones y la responsabilidad de sus actos, evitando arroparse en el voto de la asamblea cuando éste se demuestra que ha sido obtenido a base de engaños.

b) La querella interpuesta contra los miembros del consejo rector se muestra a todas luces muy útil pues gracias a ella se está consiguiendo información que de otra manera los Consejos Rectores o los liquidadores nos niegan de forma sistemática. Así, por ejemplo, gracias a la querella hemos podido averiguar que la parcela B-5.1 (que supuestamente OBRUM transmitió a las cooperativas) fue escriturada a favor de OBRUM en enero de 2010  habiendo ocultado este dato los consejos Rectores durante estos tres años. 

A pesar del transcurso de tres años NO CONSTA QUE LOS CONSEJOS RECTORES NI LOS LIQUIDADORES HAYAN SOLICITADO LA PRECEPTIVA AUTORIZACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE DICHA PARCELA. Así pues, mientras en las cuentas y en las asambleas nos contaban y cuentan que dicha parcela era nuestra, nos ocultaban que OBRUM ya la había escriturado a su favor y que  la cooperativa no había hecho nada por reclamarlo.

Al ser una escritura muy extensa os adjuntamos la primera hoja de la misma para que podáis comprobar la fecha, Notario y número de protocolo. Ya sabéís que el GiC tiene por norma el fundamentar todas sus manifestaciones con pruebas o documentos que los corroboren.

Primera Hoja de Escritura de Comporaventa Consorcio-Obrum

Por lo tanto, la supuesta demanda contra OBRUM que pretenden ahora que se apruebe no es más que otra estrategia para enterrar su negligencia de estos tres años en otro procedimiento judicial que evite, gracias al paso del tiempo, que se puedan interponer acciones judiciales contra los auténticos responsables de la pérdida de más de dos millones de euros por cooperativa. Así pues , esa demanda que pretenden convencernos ahora llega tarde y mal y sólo beneficiará al abogado que la cobre y a los liquidadores que intentan lavar su imagen. Con el caramelo de ponernos un pago a cuenta nos hacen que determinadas votaciones nos entren con vaselina cuando su relevancia en dinero es muy superior al presunto pago parcial que nos ofrecen. Pago parcial que no tiene base legal y que no es cierto que cuente con ningún informe o dictámen vinculante.

c) Esta asociación, dado el malestar entre algunos socios de las cooperativas, y puesto que nunca ha sido su intención perjudicar a ningún socio ni exsocio, en la mañana del día de ayer ha presentado en las oficinas de las cooperativas un escrito solicitando el plan de pagos realizado por los liquidadores y determinada información que permita valorar su ajuste a la realidad patrimonial de las cooperativas y  a la legalidad vigente, con el compromiso de que de comprobar que dicho plan de pagos es ajustado a la Ley y que cumple con todas las garantías, se presentaría ante el Juzgado para paralizar la medida cautelar solicitada. 

Por lo que, CUANTO ANTES FACILITEN LOS LIQUIDADORES LA INFORMACIÓN SOLICITADA, ANTES QUEDARA SIN EFECTO LA MEDIDA CAUTELAR QUE PARALIZARÍA TRANSITORIAMENTE LA LIQUIDACIÓN PARCIAL. 

Por otro lado, tal información no es otra que la que deberían facilitar a cualquiera que fuese a recibir su liquidación, pues, como es lógico, cuando a alguien le van a entregar una liquidación le deben justificar las cuentas realizadas para llegar a esa valoración.

Os acompañamos el escrito presentado por el GiC en las oficinas de las cooperativas.
Solicitud Cuentas Cooperativas by GiC_Getafe

Falsedades en los Comunicados de las Cooperativas

Os remitimos este comunicado debido a la información que están facilitando los liquidadores de las cooperativas en relación al GiC y a las actuaciones judiciales que tiene abiertas en defensa de sus asociados y de los cooperativistas en general.

Hace varios meses varios socios y simpatizantes interpusieron sendas querellas contra los miembros de los Consejos Rectores de las cooperativas por los presuntos delitos de administración desleal, falsificación de cuentas y falsificación de documento mercantil. Tales delitos los habrían cometido, presuntamente, los miembros de los  Consejos Rectores en perjuicio de las cooperativas y los cooperativistas. Es decir, al igual que en su día hiciera el exgestor (David Moreno Pingarrón y PSG), los administradores de la cooperativa ahora estaban perjudicando gravemente los intereses de los cooperativistas y excooperativistas.

Aunque tales querellas fueron presentadas por varios socios y simpatizantes del GIC, de prosperar beneficiarían los intereses de TODOS los socios y exsocios pendientes de liquidar de las cooperativas. 

Así pues, ES ROTUNDAMENTE FALSO que dichas querellas se hayan presentado contra las cooperativas pues en ellas se están denunciando hechos cometidos por personas concretas, por posibles delitos cometidos contra los intereses generales de las cooperativas y de los cooperativistas. Por ello es totalmente ilegal, ademas de tener de una cara dura increíble, pretender que estas personas paguen a sus abogados con cargo a los fondos de las cooperativas, que en definitiva sería dinero de menos que entregarían a la hora de liquidar.

Por otro lado, como muchos sabéis, los liquidadores anunciaron una liquidación parcial del patrimonio de las cooperativas, informando de que iban a entregar una pequeña cuantía a los socios. Pues bien, es absolutamente ilegal liquidar los haberes de la la cooperativa (ya sea total o parcialmente) cuando aún quedan acreedores a los que pagar. Así se recoge en los estatutos  y en la Ley de Cooperativas (artículo 101 Ley Cooperativas Comunidad de Madrid). Debido a qué aún existen muchos acreedores que no han sido satisfechos de sus deudas, como por ejemplo cooperativistas de baja, se ha solicitado que de forma  transitoria y hasta que se aclare si las cuentas están falseadas, que se  prohíba cualquier liquidación que en un futuro pudiese perjudicar a los propios cooperativistas. Esto no quiere decir que no se vaya a liquidar a los cooperativistas, ni que se haya decidido por los querellantes, sino que es una decisión que tomará el Juez a la vista del estado de las cuentas de la cooperativa y si aprecia que se pueden lesionar los derecho es intereses de los cooperativistas, así como si la liquidación se está llevando a cabo  contraviniendo la Ley. 

Se da la circunstancia de que la liquidación anunciada se realizaría sobre la base de unas cuentas  presuntamente falseadas, que no se corresponden con la realidad, por lo que, como es lógico, para proteger los intereses de los afectados se ha solicitado que, de momento, se suspendan las facultades de los liquidadores, mientras se dilucida si las cuentas están falseadas o no, para evitar que puedan hacer una liquidación fraudulenta y que comportaría perjuicios a todos los cooperativistas. 

Entendemos que todos estamos deseando recuperar al menos parte de lo que en su día aportamos a las cooperativas, pero creemos que es mejor esperar y cuando lo recuperemos que sea TODO lo que legalmente nos corresponde y no lo que los liquidadores han calculado tomando como base un patrimonio incorrecto. A la larga, percibir la cantidad con la que nos pretenden finiquitar es peor solución que esperar a que se realice la liquidación sobre la base de unas cuentas correctas y que reflejen la verdadera situación patrimonial de la cooperativa. 

Así pues, no es el GiC quien ha decidido imputar a tales personas (hace ya casi un año) y no es el GiC quien va a decidir si se amplia la querella en la persona de los liquidadores ni si deben intervenir judicialmente las cuentas de las cooperativas sino que será un Juez quien lo decida (o no) y después de estudiar en profundidad el caso.

Como represalia a estos hechos, y en un claro intento de conseguir lo que pretenden (liquidar la cooperativa mediante una simbólica entrega de dinero ahora, que nos  acallaría a los socios que tanto deseamos recuperar nuestro dinero) han colgado una serie de informaciones falsas, interesadas e incluso difamatorias para posicionar a los cooperativistas contra el GiC. 

Por otro lado, están pidiendo a los cooperativistas su voto para que CON FONDOS DE LA COOPERATIVA, SE ATIENDAN LOS GASTOS JUDICIALES DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS RECTORES Y LIQUIDADORES. Esto, sin duda, es una aberración. Es como si solicitasen a los socios que diesen su consentimiento para sufragar los abogados de David Moreno y los presidentes y secretarios de la era PSG, quienes también, presuntamente, cometieron diversos delitos contra las cooperativas.  

No nos podemos dejar engañar: si los miembros de los Consejos Rectores están denunciados por la presunta comisión de determinados delitos contra las cooperativas y los cooperativistas, DEBEN SER ELLOS QUIENES DE SU BOLSILLO SE PAGUEN SUS ABOGADOS Y DEMÁS GASTOS. 

¡¡No debemos pagar sus gastos con nuestro dinero!! Qué pretenden, ¿darnos 100 euros menos a cada uno para que quienes, al parecer, nos han perjudicado no tengan que gastarse ni un duro en sus pleitos?. ¿Acaso se ha pedido consentimiento a los socios para que a costa del patrimonio cooperativo se paguen las distintas demandas que cada uno de nosotros hemos iniciado para recuperar nuestro dinero? La respuesta es NO. Cada socio que ha querido iniciar un procedimiento para recuperar su dinero ha tenido que pagar sus gastos. ¿Alguno de vosotros quiere destinar parte del dinero que os corresponde percibir como liquidación a pagar los abogados de los miembros de los Consejos Rectores? La cara de panoli que se nos iba a quedar si finalmente se condenase a los Consejos Rectores y a los Liquidadores después de haber pagado sus abogados sería de espanto.

Y para colmo, no solo nos piden autorización para que con nuestro dinero paguemos los abogados de quienes nos perjudican, sino que además nos piden que también les autoricemos a que con nuestro dinero paguen los gastos del abogado contratado (ya sabemos todos qué abogado) para demandar al GiC: una especie de cheque en blanco que les permita todo tipo de procedimientos judiciales que se prolonguen en el tiempo y beneficien a los de siempre, con la excusa de que esos gastos son culpa del GiC. Aquí os recordamos que el único gasto que le ha supuesto el GiC a las cooperativas fueron las demandas de concurso de acreedores que se instaron en el año 2009 y las cooperativas solo tuvieron que pagar a su abogado y procurador. El resto son muchas otras demandas de otros abogados que no tienen nada que ver con el GiC y que, por lo que sabemos, han ganado siempre e imponiendo las costas a las cooperativas.

Primero quisieron que no se auditasen las cuentas y conseguimos pararlo un año: al año siguiente propusieron la liquidación y se auto-nombraron ellos mismos liquidadores y ya no se auditaron más las cuentas. Ahora pretenden no tener que convocar más asambleas dónde dar alguna explicación si no es necesario y además piden una patente de corso que les permita todo tipo de actos sin tener que dar explicaciones, poder poner cualquier demanda civil o penal, sin justificar su gasto, no auditar las cuentas ni tan siquiera convocar asambleas. Aprobar esto es el final de los cooperativistas. Muerte súbita.

Nuestra recomendación en la asamblea es que aquellos que realmente queráis seguir defendiendo lo vuestro votéis en contra de tales medidas. Para los que alberguéis dudas os sugerimos que os abstengáis. Y, por último, aquellos que, a pesar de todo, queráis votar a favor os hacemos dos recomendaciones:

1) Solicitad que conste expresamente en el acta de la asamblea las explicaciones detalladas y la persona que las dá sobre la cuestión a votar. Ello permitirá determinar la responsabilidad de quien os ha inducido a tomar tal decisión.

2) Expresad que conste en acta que vuestro voto favorable está condicionado a las concretas y exactas explicaciones que os han dado, de tal forma que, si dichas explicaciones se demuestran inveraces vuestro voto favorable quedará automáticamente revocado exonerándoos de cualquier responsabilidad y pudiendo reclamar los daños y perjuicios que tales actuaciones os hayan ocasionado. 

Recordad que las asambleas constituyen la única ocasión de tener enfrente a quienes dirigen el destino de las cooperativas y poder pedirles las explicaciones que el resto del año no dan, por lo que es importantísimo que se sigan celebrando y asistir a las mismas. 

Por último, los gastos de las cooperativas NO los provoca el GiC. Los gastos de las cooperativas, actualmente son en su mayor parte:

- Los honorarios del abogado y procurador  de las cooperativas que va perdiendo sucesivamente las demandas de los exsocios que se van poniendo.

- Honorarios de otros letrados y procuradores como consecuencia de la pérdida de juicios por las cooperativas con condena en costas.

- Honorarios asesor y del contable.

- Alquiler y suministros de oficina.

- Salarios de las dos empleadas que des-atienden la oficina.

Y os recordamos que  todos esos gastos podrían haberse evitado habiendo declarado el concurso de acreedores en el año 2009. Cuatro años de gastos que no son imputables al GiC si no al desleal comportamiento de los Consejos Rectores antes y de los Liquidadores ahora.