miércoles, 9 de enero de 2013

Formas y Maneras de los CR


Os remitimos la siguiente información con motivo de la querella criminal que se está tramitando en el Juzgado de Instrucción número 5 de Getafe contra los miembros del Consejo Rector de la Coopperativa Getafe Capital del Sur, los señores Ricardo Vázquez Martínez, Oscar Molero Vaquero, Ignacio López García, Carlos de la Torre Olegario y Juan Sánchez Rojas, así como contra el entonces asesor fiscal y contable de la cooperativa, Alberto Rogero Ortega (hoy liquidador), por los presuntos delitos de falsificación de cuentas y administración desleal.

Como recordaréis algunos excooperativistas han interpuesto esta querella contra dichas personas por considerar que el hecho de reflejar en la contabilidad como patrimonio la parcela de OBRUM cuando lo cierto es que el Consorcio Urbanístico ha denegado dicho traspaso puede ser constitutivo de un delito de falsificación contable.

Dicha querella se encuentra en marcha y el Juez ha ordenado la práctica de varias diligencias, entre ellas el requerimiento a la cooperativa para que aporte determinada documentación así como las declaraciones de varias personas, entre ellas los auditores de la cooperativa.

Pues bien, el hecho es que recientemente hemos sido informados que los querellados se han personado en dicha querella con su abogado que no es otro que Manuel Ruiz López, esto es el asesor legal de la cooperativa y actual liquidador de la misma.

Es decir que a unas personas que se les está acusando de cometer presuntamente unos determinados delitos contra la cooperativa y los cooperativistas utilizan al representante legal de la cooperativa como su abogado. Por poneros un ejemplo, es como si el abogado de David Moreno en la otra querella fuese José Martínez Martínez y ya sólo faltaría  enterarnos de que sus honorarios también son sufragados por la cooperativa.

Esta extraña circunstancia debe ser calificada como gravísima además de las posibles implicaciones que pueda tener para el letrado Manuel Ruiz López toda vez que está claro que entra en un claro conflicto de intereses entre la defensa de los intereses de la cooperativa y la representación de unas personas que pudiesen haber actuado de forma delictiva contra ésta.

No obstante, esta circunstancia, lejos de exonerarles, es evidente que les hace parecer más culpables y que tendrá su lectura por el juez titular del juzgado, ya que induce a pensar que efectivamente los liquidadores tienen un interés personalísimo en que estos temas no se aclaren con la transparencia y el rigor que necesitan.

A todo esto tenemos que añadir que hemos encontrado dos nuevos hechos que ponen en evidencia la forma de actuar de las cooperativas.

1.- El primero de ellos es un acta del Consejo Rector de la cooperativa Getafe Capital del Sur en el que queda claro que el 30 de Mayo de 2011 acordaron proponer al Juzgado que los liquidadores fueran el asesor jurídico Manuel Ruiz López y el asesor contable y fiscal Alberto Rogero Ortega.

Este acta demuestra que, una vez más, la información facilitada por las cooperativas no se ajusta del todo a la realidad, ya que siempre nos han vendido que fueron designados por el juzgado cuando lo cierto es que el juzgado sólo se limitó a aceptar la propuesta hecha por la cooperativa. Todo ello guarda mucha relación con la cuestión que siempre hemos denunciado del comportamiento irregular en cuanto a la forma y modo en que la liquidación se está llevando a cabo.

Os adjuntamos copia del acta de dicha reunión para que podáis confirmar dicha información.



2.- El segundo es un acta de fecha de 12 de julio de 2011 en la que se aprueba pagar a José Martinez cinco mil euros más como honorarios por su participación en la querella. Tal pago resulta absolutamente irregular por dos motivos: el primero es porque los honorarios de José Martínez ya habían sido abonados según el contrato suscrito y no existe ninguna condición por la que abonarle más dinero, salvo que exista la necesidad de pagarle por los servicios prestados y la otra razón es porque en ese momento ya se había aprobado la liquidación de las cooperativas y los consejos rectores actuaban "en funciones" y, por lo tanto no había ninguna necesidad de realizar pagos por encima de lo pactado, salvo el temor, claro está, a que por el juzgado, se designasen liquidadores distintos a los propuestos y pudiese peligrar la forma en la que se estaban repartiendo el pastel. Observad que dicha reunión sólo se celebró para ese asunto a las doce de la noche y por internet, unas circunstancias que hacen pensar en la necesidad urgente de adoptar un acuerdo que sin embargo a todos se nos antoja supérfluo e innecesario.

Os adjuntamos copia del acta de dicha reunión para que podáis confirmar dicha información.


Animamos a los señores representantes de la cooperativa a que emitan un comunicado informando sobre la veracidad o no de estas actas. 

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